Yagüe remite hoy al fiscal las pesquisas sobre los ediles del PA

El equipo de gobierno sostiene que la información reservada apunta a la existencia de una trama «para extorsionar a empleados municipales» Los andalucistas también han enviado documentos para avalar su tesis de que todo es un complot político

publicado por diario Sur

El fiscal jefe de Málaga tendrá en sus manos los primeros datos para valorar si tras la última crisis política de Marbella se esconde un episodio de corrupción. Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella, enviará hoy a Málaga el expediente redactado tras la comisión reservada que investigó una presunta conducta delictiva por parte de dos concejales del PA, los ex tenientes de alcalde Carlos Fernández y Pedro Pérez. Yagüe indicó ayer: «Todo apunta a la existencia de una trama para extorsionar a empleados municipales, engorde artificial de facturas y pago de favores políticos usando dinero público».

La primera edil explicó que entre la documentación aportada se adjuntan diversos documentos que respaldan el acta de manifestaciones voluntarias realizadas por un grupo de trabajadores ante el secretario general del Ayuntamiento, Leopoldo Barrantes; el funcionario jefe de personal, Manuel Velasco; el concejal-delegado de Personal, José Luis Fernández Garrosa; y la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos.

Estos tenientes de alcaldes y los funcionarios fueron encargados de llevar a cabo el proceso de investigación interna por el equipo de gobierno al completo, incluidos los miembros del Partido Andalucista que pertenecían por entonces al gobierno municipal y que también dieron su parecer favorable a la composición de la comisión investigadora.

Segundo envío

La alcaldesa no descarta un segundo envío de documentación a la Fiscalía, a la vista de que desde el cese de Pedro Pérez y Carlos Fernández otros trabajadores municipales han comunicado su voluntad de rendir testimonio ante el Ayuntamiento, y a la vista de que se está profundizando en las prácticas irregulares de contratación de personal y de servicios.

En ese sentido, Yagüe destaca entre los presuntos delitos: «El chantaje a que se sometía a trabajadores para que aportasen dinero y se afiliasen al PA si querían mantener sus puestos de trabajo, la existencia de cargos de confianza de Fernández y Pérez que recibían dos sueldos municipales al mismo tiempo, pese a ser algo ilegal y la existencia de contratados que cobraban sin trabajar». La regente municipal añadió: «La contratación de más de 70 trabajadores de Málaga capital como pago a apoyos que obtuvo Pedro Pérez para ser elegido secretario general provincial del PA; o el presunto engorde de facturas, entre otros aspectos».

Yagüe justifica la remisión de este expediente en la necesidad para que la justicia depure las responsabilidades legales de esta trama que habrían montado Pérez y Fernández desde sus despachos públicos. La alcaldesa apostilló: «Yo ya he depurado las administrativas y políticas cesando de sus cargos a Pedro Pérez y Carlos Fernández ante la gravedad de los hechos. Reitero mi voluntad de colaboración absoluta con la Fiscalía y me pongo a su disposición para aclarar cualquier aspecto o ampliar información».

Rectificación

A petición del sindicato Unión de Trabajadores (UT), la alcaldesa aclara que ninguno de los testimonios o pruebas recopilados en este proceso de información reservada señalan la existencia de coacciones o presiones a trabajadores por parte de Carlos Fernández o Pedro Pérez para que se afiliasen a dicho sindicato. Yagüe comunicó: «Los testimonios se refieren en todo momento exclusivamente a coacciones para afiliarse al PA y entregar una parte del salario a sus dirigentes».

Carlos Fernández y Pedro Pérez, por su parte, enviaron el pasado jueves a la Fiscalía una serie de documentos y testimonios en un intento de avalar su tesis de que su expulsión está motivada por un «complot político en su contra» y señalan a la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos como la responsable del mismo. También le han hecho llegar al fiscal un acta notarial firmada por varios de los trabajadores que declararon en la comisión interna impulsada por el Ayuntamiento en la que, según los andalucistas, se vulneraron derechos fundamentales y se dirigió los interrogatorios a los empleados.

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